La responsabilidad penal de la persona jurídica

El artículo 31 bis del Código Penal establece que las sociedades responden penalmente de determinados delitos cometidos en su nombre y en su beneficio, directo o indirecto, por sus representantes legales y administradores, y también por sus empleados cuando han podido cometerlos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control.

Entre esos delitos están la estafa, las insolvencias punibles, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, el blanqueo de capitales, el cohecho y el tráfico de influencias, la corrupción en los negocios, los daños informáticos, el descubrimiento y revelación de secretos, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial o los delitos contra el medio ambiente, entre otros.

Las penas para la empresa pueden incluir multas muy elevadas, la suspensión de actividades, la clausura de locales, la prohibición de obtener subvenciones y de contratar con el sector público e incluso la disolución de la sociedad. Y todo ello, con independencia de la responsabilidad penal personal de quien cometió el delito.

El modelo de prevención de delitos

El propio Código Penal prevé que la empresa quede exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, había adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos de esa naturaleza, supervisado por un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control. En las sociedades de menor tamaño, esa función de supervisión puede asumirla el propio órgano de administración.

El modelo debe cumplir los requisitos del apartado quinto del artículo 31 bis, que concretamos en su empresa:

• Identificación de las actividades en las que pueden cometerse delitos (mapa de riesgos).
• Protocolos y procedimientos que regulen la toma de decisiones y su ejecución.
• Gestión de los recursos financieros adecuada para impedir delitos.
• Obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al órgano de supervisión.
• Un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de las medidas.
• Verificación periódica del modelo y su modificación cuando haya cambios o infracciones.

El canal de denuncias

La Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, obliga a las empresas con cincuenta o más trabajadores a disponer de un sistema interno de información –el canal de denuncias– que garantice la confidencialidad del informante y lo proteja frente a represalias. Su incumplimiento puede sancionarse con multas de hasta un millón de euros.

Además de ser una obligación legal, el canal de denuncias es una pieza esencial de cualquier modelo de compliance: es la vía por la que la empresa conoce los problemas a tiempo para corregirlos.

Implantación real y mantenimiento

Un modelo de compliance no es un documento: es una forma de funcionar. Por eso, además del diseño, nos ocupamos de la formación de administradores y empleados, de la investigación interna de las comunicaciones recibidas, de los informes periódicos al órgano de administración y de la revisión del modelo cuando cambia la actividad, la plantilla o la ley.